eAdministración. Autenticación


En posts anteriores comentaba mis impresiones sobre la eAdministración y las razones por las que no ha tenido el éxito esperado.
Una de las razones de la pobre respuesta de los ciudadanos se encuentra en las dificultades técnicas en el acceso a los servicios, y dentro de estas dificultades una de las que destaca es la de la autenticación y firma con certificados digitales.
Por un lado, desde la administración pública, es fundamental identificar a las personas, físicas o jurídicas, que interactuan con ella. Por otro lado el uso de certificados digitales es una de las partes mas extrañas y mas delicadas con respecto a lo que hay montado en el PC. Así se habla, no lo he contrastado, de que sólo el 50% de los ciudadanos accede a los servicios telemáticos, de ellos sólo el 50% inicia una actuación y de ellos sólo el 50% supera la prueba de la autenticación con certificado digital.
El legislador tuvo en cuenta esta posibilidad en la Ley 11/2007. Veamos que dispuso:

Art 4.
Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.

Art. 13.  
Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:

  • En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
    • Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
    • Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

      El principio de proporcionalidad permite valorar la criticidad del servicio para valorar el nivel de seguridad que se debe exigir al medio de identidad digital utilizado en la autenticación. Así para tramitación que no requiera un nivel de seguridad alto en la autenticación podemos usar el tercer  supuesto de la ley empleando un sistema de autenticación basado en usuario y clave o bien un dato conocido por ambos.

      En otras palabras
      Resuta que para pagar una multa o saber el puesto en una bolsa de trabajo no se necesita usar el DNI-e o el Certificado de la FNMT, pudiendo simplificarse mucho el trámite y facilitándole la vida a todos.

      Visto esto sería bueno que nos relajásemos los integristas del Certificado digital, ya que mola pero asusta.

      Compartir
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  

      Dejar un comentario

      Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *